Ya está bueno de abusos e impunidades
Denise Paiewonsky -11 de abril 2010
Otra vez arremete la ultra derecha religiosa contra las libertades ciudadanas. El último episodio lo protagoniza el periódico Listín Diario con su campaña de incitación al odio y a la represión policial contra las personas gays, lesbianas y transexuales que frecuentan el Parque Duarte en la Zona Colonial. Esta campaña se viene desarrollando desde hace meses, alimentada por la vitriola homofóbica del Cardenal López Rodríguez, y no duda en apelar a la mentira para lograr sus objetivos.
Las autoridades policiales y municipales han respondido como siempre, plegándose a las demandas de la ultra derecha y redoblando la “vigilancia” policial en el área, con el consecuente aumento de los abusos de poder y arrestos arbitrarios de miembros de esta colectividad. Queda por ver hasta qué punto escalarán la represión ahora que, además de sermones cardenalicios, están siendo azuzados con titulares de primera plana (ya la policía anunció que realizará redadas nocturnas en la zona).
Lo del Parque Duarte es el último capítulo en una larga historia de represión homofóbica por parte de las autoridades, que de manera sistemática han ido eliminando uno a uno los espacios públicos de encuentro para gays, lesbianas y trans. Recordemos algunos: el área del Malecón frente a la tienda de licores Omar Khayyam, el área del Boulevard de la 27 de Febrero alrededor de la cafetería Fritos Verdes, el parque de Guibia, la Plaza España alrededor del Drake’s. En cada uno de estos espacios se ha apelado a la autoridad pública para “disuadir” a los ciudadanos gays, lesbianas y trans de hacer uso de ellos, incluyendo el cierre de los negocios que los servían.
Pero no sólo los espacios públicos han sido vedados, sino también en muchos casos los espacios privados, como es el caso de los bares y discotecas frecuentados por este colectivo (v.g., los casos de Aire en la Zona Colonial, y de Skrúpulos y Butterfly en Santiago, entre otros). Los lugares privados de diversión que permanecen abiertos son hostigados constantemente por la policía, que además aprovecha su vulnerabilidad para extorsionarlos económicamente.
Con su campaña, el Listín Diario coloca sus lealtades a los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica por encima de sus compromisos con la democracia y con la decencia en el ejercicio periodístico. Y aún así no logra su objetivo último de lanzar una cortina de humo sobre el escándalo internacional de pederastia sacerdotal y encubrimiento Vaticano que sigue minando día a día la credibilidad de la Iglesia y de sus jerarcas.
Lo que sí logran el Listín y el Cardenal es dar aliento al desprecio y pretexto a la discriminación, es legitimar el abuso y la negación de derechos ciudadanos. Y por eso debemos recordarles que el que incita al odio contra un colectivo social debe asumir responsabilidad por las consecuencias de sus actos, sino penalmente con toda seguridad moralmente.
Desde la expulsión de la escuela hasta el despido laboral, desde la pérdida de la custodia de los hijos hasta la agresión física, las consecuencias de la homofobia no tienen nada de espiritualidad ni de moralidad y sí mucho de irracionalidad y fanatismo. En el último año han sido asesinadas cuatro transexuales en las calles de Santo Domingo, sin que la policía siquiera simule una investigación seria de los hechos. ¿Quién responde? ¿Por qué se producen hechos como éstos? ¿Vamos a seguir pretendiendo que la incitación al odio no trae consecuencias?
Ya está bueno de acoso mediático y de histerias cardenalicias. Ya está bueno de abusos policiales y de la irresponsabilidad política de autoridades que se dicen defensoras de las libertades y derechos ciudadanos. No se puede hablar sandeces sobre estado de derecho y democracia mientras se niega sistemáticamente su ejercicio a todo un sector de la ciudadanía.
Que se lean bien el Art.39(*) de la nueva Constitución, mejor será, y que lo cumplan.
(*) Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
Inciso 3. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.
