jueves, 28 de mayo de 2009
martes, 26 de mayo de 2009
sábado, 23 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
miércoles, 20 de mayo de 2009
martes, 19 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
jueves, 7 de mayo de 2009
miércoles, 6 de mayo de 2009
Visita al Consulado Dominicano en NY.
Contra el artículo 30 y a favor de la vida de las mujeres dominicanas
En el día de hoy una comisión que representa a seis organizaciones, instituciones e iglesia del Alto Manhattan entregaron a la Vice-cónsul Cecilia Baez una carta que solicita que en segunda lectura la aprobación del articulo 30, sea rechazado, ya que el mismo atenta contra la vida de las mujeres en este país caribeño. La carta esta dirigida al Presidente de la República, como al Presidente y Vice-Presidente de la Asamblea Revisora.
martes, 5 de mayo de 2009
domingo, 3 de mayo de 2009
FORO DE MUJERES POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL
“ARTICULO 30: VERGÜENZA NACIONAL”
La aprobación del artículo 30 durante la sesión de la Asamblea Revisora de la noche del 21 de abril del 2009 quedará registrada en la historia de la República Dominicana como un hecho vergonzoso, atentatorio contra el derecho a la vida de las mujeres.
Ante este hecho, manifestamos:
- El repudio al comportamiento politiquero de los 167 asambleístas que aprobaron el artículo 30, quienes en esta nefasta jornada en la que se impuso el autoritarismo, han demostrado que responden a intereses particulares y electoreros, coincidiendo con las ideas de los sectores más conservadores y fundamentalistas del país.
- El rechazo a la actitud del Presidente de la República Leonel Fernández, quien para congraciarse con la cúpula de la Iglesia Católica no tuvo la menor consideración ni respeto a los derechos humanos de las mujeres, al proponer la disposición que condena a cientos de miles de mujeres, la mayoría pobres y católicas, a morir frente a la imposibilidad de interrumpir un embarazo riesgoso en condiciones seguras. Esto es una prueba fehaciente de la doble moral de la clase política dominicana que en nombre de la defensa de la vida contribuye a la muerte de las mujeres.
La aprobación de dicho artículo constituye también la violación de otros derechos humanos de las mujeres dominicanas, como el derecho a la salud, al libre desarrollo de su personalidad, a sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la ciudadanía plena y su autonomía.
- La indignación frente a la manipulación del Presidente de la Asamblea Nacional y otros asambleístas en contra de la posibilidad de que los miembros de sus partidos votaran de acuerdo a su deber como representantes del pueblo.
- El compromiso ciudadano de señalar de manera permanente el comportamiento de estos y estas asambleístas que traicionaron con su voto los principios del Estado Social y Democrático de Derecho: el respeto a los derechos humanos, la democracia, la pluralidad y libertad de conciencia, en virtud de los cuales no se puede imponer a toda la población concepciones ideológicas que constituyen deberes morales sólo para una parte de ella.
EL Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional declara ilegítima la aprobación del artículo 30, y en consecuencia procederemos a denunciar la violación del carácter progresivo de los derechos humanos ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
Hacemos un llamado a la sociedad dominicana y en especial a las organizaciones de mujeres a sumarse en rechazo a este hecho arbitrario y antidemocrático.
PRONUNCIAMIENTO
La aprobación del artículo 30 durante la sesión de la Asamblea Revisora de la noche del 21 de abril del 2009 quedará registrada en la historia de la República Dominicana como un hecho vergonzoso, atentatorio contra el derecho a la vida de las mujeres.
Ante este hecho, manifestamos:
- El repudio al comportamiento politiquero de los 167 asambleístas que aprobaron el artículo 30, quienes en esta nefasta jornada en la que se impuso el autoritarismo, han demostrado que responden a intereses particulares y electoreros, coincidiendo con las ideas de los sectores más conservadores y fundamentalistas del país.
- El rechazo a la actitud del Presidente de la República Leonel Fernández, quien para congraciarse con la cúpula de la Iglesia Católica no tuvo la menor consideración ni respeto a los derechos humanos de las mujeres, al proponer la disposición que condena a cientos de miles de mujeres, la mayoría pobres y católicas, a morir frente a la imposibilidad de interrumpir un embarazo riesgoso en condiciones seguras. Esto es una prueba fehaciente de la doble moral de la clase política dominicana que en nombre de la defensa de la vida contribuye a la muerte de las mujeres.
La aprobación de dicho artículo constituye también la violación de otros derechos humanos de las mujeres dominicanas, como el derecho a la salud, al libre desarrollo de su personalidad, a sus derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la ciudadanía plena y su autonomía.
- La indignación frente a la manipulación del Presidente de la Asamblea Nacional y otros asambleístas en contra de la posibilidad de que los miembros de sus partidos votaran de acuerdo a su deber como representantes del pueblo.
- El compromiso ciudadano de señalar de manera permanente el comportamiento de estos y estas asambleístas que traicionaron con su voto los principios del Estado Social y Democrático de Derecho: el respeto a los derechos humanos, la democracia, la pluralidad y libertad de conciencia, en virtud de los cuales no se puede imponer a toda la población concepciones ideológicas que constituyen deberes morales sólo para una parte de ella.
EL Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional declara ilegítima la aprobación del artículo 30, y en consecuencia procederemos a denunciar la violación del carácter progresivo de los derechos humanos ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.
Hacemos un llamado a la sociedad dominicana y en especial a las organizaciones de mujeres a sumarse en rechazo a este hecho arbitrario y antidemocrático.
FORO DE MUJERES POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL
DECLARACIÓN ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
ACCION CIUDADANA
POR UNA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA
DECLARACIÓN ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Las organizaciones presentes: Foro Ciudadano, Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Red de Organizaciones de la Economía Solidaria, Red Dominicana de Culturas Locales, Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental, Participación Ciudadana y Centro Bonó, hemos visto la necesidad de consolidar opiniones, definir prioridades y consensuar estrategias ante la inminente reforma constitucional que cursa actualmente en el Congreso de la República.
Durante años en nuestras organizaciones hemos venido impulsando procesos de debate y análisis sobre la necesidad de un texto constitucional que tenga como ejes fundamentales el reconocimiento de la dignidad de las personas y de los derechos de ciudadanía.
Nos sentimos altamente preocupados y preocupadas por la incapacidad demostrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo del sistema político dominicano, de no reconocer la Asamblea Constituyente como el mecanismo idóneo para la elaboración de una nueva Constitución, desconociendo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la elaboración, discusión y aprobación del documento más importante de una nación, por lo que reconocemos el derecho y la importancia de los recursos legales y de amparo que han emprendido varios juristas en contra de la Ley de Convocatoria y cualquier otra iniciativa que puedan implementar instituciones y ciudadanos y ciudadanas para el logro de una reforma transparente y participativa. Por eso nos preparamos para participar en el proceso convocado, sea en la forma actual o por medio de una Constituyente.
El momento histórico que vive nuestro país reclama una Carta Magna concebida desde las nuevas realidades sociales, políticas y económicas; exige nuevas y más amplias formas de participación social, con diferentes mecanismos y mayores alcances del derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que impactan sus vidas. Esto incluye la definición de los principios que nos definen como nación, de las obligaciones del Estado y los límites de los poderes públicos, así como el control ciudadano sobre los mismos. Es decir pasar de una democracia representativa a una democracia participativa.
Este reto implica también ampliar el reconocimiento del catálogo de derechos humanos, de garantías para el ejercicio de esos derechos, el reconocimiento de formas de propiedad y participación colectiva o asociativa en el régimen económico, de mecanismos de rendición de cuentas y de control ciudadano al desempeño de las funciones públicas, en particular a las históricamente asignadas al Poder Ejecutivo.
Un nuevo texto constitucional debe tomar en cuenta las diferencias que por razones culturales, económicas o sociales ubican a segmentos poblacionales en situación de discriminación, desventaja y vulneración de sus derechos.
Estamos conscientes de que la redacción y aprobación de un marco jurídico de amplio reconocimiento de derechos no significa el automático disfrute de los mismos, se trata del impulso de un proceso en dos vías en el que la consagración de estos en las leyes promueva su real y efectivo ejercicio.
Todo lo anterior nos lleva a formular y presentarles las propuestas centrales que hemos venido trabajando las distintas organizaciones e instancias que participamos en este espacio con el objetivo de lograr que nuestras membresías tengan el mayor nivel de apropiación y conciencia del interés nacional sobre las necesarias transformaciones que en el orden jurídico demanda el momento actual.
Estas propuestas están referidas a los principios constitucionales, garantías y derechos fundamentales, las atribuciones y limites de las funciones de los poderes públicos, régimen económico, ordenamiento territorial y del carácter constitucional que debe tener la participación social.
Con este propósito nuestras organizaciones hemos trabajado y formulado modificaciones a todo el texto de la propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo por razones de consenso hemos priorizado propuestas de todas las organizaciones aquí representadas para que nuestras membresías puedan apreciar el resultado final del proceso de reforma en base a la inclusión o no de esas reformas, las cuales han sido estructuradas en el siguiente Pliego de Propuestas:
1. El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No deben establecerse limitaciones discriminatorias, que tengan por objeto o resultados el menoscabo de su goce y ejercicio. Ejemplo: reconocer el derecho a la educación para todos y todas independientemente de su estatus legal o migratorio, la obligación estatal de la educación gratuita, los derechos de los consumidores, y los derechos sociales y políticos de los extranjeros residentes en el país, etc.
2. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la vida, promoverá su protección y disfrute con la más alta dignidad. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
3. El Estado reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho al ejercicio libre, consciente y plenamente autónomo de su sexualidad, con el solo límite de los derechos fundamentales de las otras personas y a decidir sobre su capacidad reproductiva, libres de discriminación, coerción o violencia.
4. Estado laico. Consiste básicamente en la separación Estado-Iglesia. Esto implica la autonomía del poder político de las distintas opciones espirituales y religiosas, y la ausencia de influencia de las religiones en el Estado o el reconocimiento para ellas de poder político. El objetivo de la laicidad es la igualdad entre todas las opciones religiosas y la libertad personal. El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de conciencia y de culto.
5. El Estado reconoce los Derechos Políticos más allá del ejercicio del sufragio, a través de otros mecanismos de participación política, como la utilización del referéndum aprobatorio para ratificar leyes y políticas fundamentales.
6. La revocatoria del mandato. Los ciudadanos/as tendrán derecho a la revocatoria del mandato otorgado a quienes ocupan cargos electos popularmente, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de sus funciones, plan de trabajo o programa de gobierno.
7. Fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes y de la descentralización del Estado, como garantía para una separación real de los Poderes.
8. Conservación del Sistema Mixto para la adquisición de la nacionalidad dominicana, según el criterio de la Jurisprudencia Internacional, que establece que el derecho a la nacionalidad es el vínculo legal que tiene como base el reconocimiento del hecho natural del nacimiento y que considera inadmisible que el estatus de los padres sea transmitido a los hijos e hijas.
9. Prohibir la reelección presidencial consecutiva.
10. Mantener las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales en lapso de dos años, como forma de reducir el peso del presidencialismo y sostener la independencia de los poderes legislativo y municipal.
11. Instituir el referendo aprobatorio para la ratificación de la nueva Constitución en proceso.
12. Instituir la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma integral de la Constitución, y contemplar la Asamblea Revisora sólo para aspectos parciales, los cuales no incluyen la definición del Estado social, democrático, participativo y de derechos, el catálogo de derechos humanos, derecho, deberes y garantía de los ciudadanos/as, ordenamiento territorial, poderes del Estado, referéndum y revocación de mandato.
13. Integrar el reconocimiento a la economía solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo nacional, incluyendo el deber estatal de promover y asegurar políticas de comercio justo, con un enfoque de equidad social, de género y ecológico.
14. Establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de propiedad privada y estatal.
15. Reducir el amplio poder discrecional del Poder Ejecutivo. Por ejemplo: facultad ilimitada para nombrar viceministros, facultad de derogar arbitrios municipales o para realizar transferencias de partidas presupuestarias durante el receso del Congreso Nacional.
La inclusión de este conjunto de reformas será fundamental en nuestra apreciación final del proceso y de la Constitución resultante, por lo que invitamos a todos los sectores sociales que los compartan a sumarse a nuestra coalición, y expresamos nuestra decisión de acudir con este pliego ante todos los sectores políticos y sociales para crear el consenso suficiente para su inclusión y aprobación.
Centro Bonó
Foro Ciudadano
Participación Ciudadana
Red Dominicana de Culturas Locales
Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional
Red de Organizaciones de la Economía Solidaria
Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental
POR UNA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA
DECLARACIÓN ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Las organizaciones presentes: Foro Ciudadano, Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Red de Organizaciones de la Economía Solidaria, Red Dominicana de Culturas Locales, Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental, Participación Ciudadana y Centro Bonó, hemos visto la necesidad de consolidar opiniones, definir prioridades y consensuar estrategias ante la inminente reforma constitucional que cursa actualmente en el Congreso de la República.
Durante años en nuestras organizaciones hemos venido impulsando procesos de debate y análisis sobre la necesidad de un texto constitucional que tenga como ejes fundamentales el reconocimiento de la dignidad de las personas y de los derechos de ciudadanía.
Nos sentimos altamente preocupados y preocupadas por la incapacidad demostrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo del sistema político dominicano, de no reconocer la Asamblea Constituyente como el mecanismo idóneo para la elaboración de una nueva Constitución, desconociendo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la elaboración, discusión y aprobación del documento más importante de una nación, por lo que reconocemos el derecho y la importancia de los recursos legales y de amparo que han emprendido varios juristas en contra de la Ley de Convocatoria y cualquier otra iniciativa que puedan implementar instituciones y ciudadanos y ciudadanas para el logro de una reforma transparente y participativa. Por eso nos preparamos para participar en el proceso convocado, sea en la forma actual o por medio de una Constituyente.
El momento histórico que vive nuestro país reclama una Carta Magna concebida desde las nuevas realidades sociales, políticas y económicas; exige nuevas y más amplias formas de participación social, con diferentes mecanismos y mayores alcances del derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que impactan sus vidas. Esto incluye la definición de los principios que nos definen como nación, de las obligaciones del Estado y los límites de los poderes públicos, así como el control ciudadano sobre los mismos. Es decir pasar de una democracia representativa a una democracia participativa.
Este reto implica también ampliar el reconocimiento del catálogo de derechos humanos, de garantías para el ejercicio de esos derechos, el reconocimiento de formas de propiedad y participación colectiva o asociativa en el régimen económico, de mecanismos de rendición de cuentas y de control ciudadano al desempeño de las funciones públicas, en particular a las históricamente asignadas al Poder Ejecutivo.
Un nuevo texto constitucional debe tomar en cuenta las diferencias que por razones culturales, económicas o sociales ubican a segmentos poblacionales en situación de discriminación, desventaja y vulneración de sus derechos.
Estamos conscientes de que la redacción y aprobación de un marco jurídico de amplio reconocimiento de derechos no significa el automático disfrute de los mismos, se trata del impulso de un proceso en dos vías en el que la consagración de estos en las leyes promueva su real y efectivo ejercicio.
Todo lo anterior nos lleva a formular y presentarles las propuestas centrales que hemos venido trabajando las distintas organizaciones e instancias que participamos en este espacio con el objetivo de lograr que nuestras membresías tengan el mayor nivel de apropiación y conciencia del interés nacional sobre las necesarias transformaciones que en el orden jurídico demanda el momento actual.
Estas propuestas están referidas a los principios constitucionales, garantías y derechos fundamentales, las atribuciones y limites de las funciones de los poderes públicos, régimen económico, ordenamiento territorial y del carácter constitucional que debe tener la participación social.
Con este propósito nuestras organizaciones hemos trabajado y formulado modificaciones a todo el texto de la propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo por razones de consenso hemos priorizado propuestas de todas las organizaciones aquí representadas para que nuestras membresías puedan apreciar el resultado final del proceso de reforma en base a la inclusión o no de esas reformas, las cuales han sido estructuradas en el siguiente Pliego de Propuestas:
1. El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No deben establecerse limitaciones discriminatorias, que tengan por objeto o resultados el menoscabo de su goce y ejercicio. Ejemplo: reconocer el derecho a la educación para todos y todas independientemente de su estatus legal o migratorio, la obligación estatal de la educación gratuita, los derechos de los consumidores, y los derechos sociales y políticos de los extranjeros residentes en el país, etc.
2. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la vida, promoverá su protección y disfrute con la más alta dignidad. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
3. El Estado reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho al ejercicio libre, consciente y plenamente autónomo de su sexualidad, con el solo límite de los derechos fundamentales de las otras personas y a decidir sobre su capacidad reproductiva, libres de discriminación, coerción o violencia.
4. Estado laico. Consiste básicamente en la separación Estado-Iglesia. Esto implica la autonomía del poder político de las distintas opciones espirituales y religiosas, y la ausencia de influencia de las religiones en el Estado o el reconocimiento para ellas de poder político. El objetivo de la laicidad es la igualdad entre todas las opciones religiosas y la libertad personal. El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de conciencia y de culto.
5. El Estado reconoce los Derechos Políticos más allá del ejercicio del sufragio, a través de otros mecanismos de participación política, como la utilización del referéndum aprobatorio para ratificar leyes y políticas fundamentales.
6. La revocatoria del mandato. Los ciudadanos/as tendrán derecho a la revocatoria del mandato otorgado a quienes ocupan cargos electos popularmente, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de sus funciones, plan de trabajo o programa de gobierno.
7. Fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes y de la descentralización del Estado, como garantía para una separación real de los Poderes.
8. Conservación del Sistema Mixto para la adquisición de la nacionalidad dominicana, según el criterio de la Jurisprudencia Internacional, que establece que el derecho a la nacionalidad es el vínculo legal que tiene como base el reconocimiento del hecho natural del nacimiento y que considera inadmisible que el estatus de los padres sea transmitido a los hijos e hijas.
9. Prohibir la reelección presidencial consecutiva.
10. Mantener las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales en lapso de dos años, como forma de reducir el peso del presidencialismo y sostener la independencia de los poderes legislativo y municipal.
11. Instituir el referendo aprobatorio para la ratificación de la nueva Constitución en proceso.
12. Instituir la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma integral de la Constitución, y contemplar la Asamblea Revisora sólo para aspectos parciales, los cuales no incluyen la definición del Estado social, democrático, participativo y de derechos, el catálogo de derechos humanos, derecho, deberes y garantía de los ciudadanos/as, ordenamiento territorial, poderes del Estado, referéndum y revocación de mandato.
13. Integrar el reconocimiento a la economía solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo nacional, incluyendo el deber estatal de promover y asegurar políticas de comercio justo, con un enfoque de equidad social, de género y ecológico.
14. Establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de propiedad privada y estatal.
15. Reducir el amplio poder discrecional del Poder Ejecutivo. Por ejemplo: facultad ilimitada para nombrar viceministros, facultad de derogar arbitrios municipales o para realizar transferencias de partidas presupuestarias durante el receso del Congreso Nacional.
La inclusión de este conjunto de reformas será fundamental en nuestra apreciación final del proceso y de la Constitución resultante, por lo que invitamos a todos los sectores sociales que los compartan a sumarse a nuestra coalición, y expresamos nuestra decisión de acudir con este pliego ante todos los sectores políticos y sociales para crear el consenso suficiente para su inclusión y aprobación.
Centro Bonó
Foro Ciudadano
Participación Ciudadana
Red Dominicana de Culturas Locales
Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional
Red de Organizaciones de la Economía Solidaria
Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental
República Dominicana: Las reformas constitucionales y penales deben ampliar los derechos de las mujeres, no limitarlos: Amnistía Internacional.
| 2009-04-29 | perspectivaciudadana.com | amnistía internacional | |
| Las reformas constitucionales y legales actualmente en marcha en la República Dominicana podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos de las mujeres, ha advertido hoy, 24 de abril, Amnistía Internacional. Las medidas podrían utilizarse para justificar la penalización del aborto en todas las circunstancias, incluso cuando peligra la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. El Congreso está estudiando una nueva disposición constitucional que incluye una referencia a la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. En general se considera que esta enmienda constitucional se ha introducido para impulsar los esfuerzos para penalizar y prohibir el aborto en todos los casos. El Congreso de la República Dominicana también está estudiando una enmienda del Código Penal que aumentaría las penas para quienes participen en la realización de abortos y dispondría explícitamente el encarcelamiento de las mujeres que, embarazadas como consecuencia de una violación, una relación incestuosa o una fertilización asistida involuntaria, hayan intentado abortar. El derecho internacional de los derechos humanos y la actual Constitución dominicana ya protegen la vida prenatal. Amnistía Internacional pide a la República Dominicana que haga efectiva esta obligación de una forma que sea compatible con los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos a la vida y a la salud. Por ejemplo, aplicando medidas para evitar los abortos y los partos en los que el niño nace muerto, proporcionando cuidados prenatales, obstétricos de urgencia y postnatales, y de facilitando atención especializada en el nacimiento. El embarazo no puede utilizarse como motivo para suspender los derechos humanos de las mujeres afectadas. La protección del feto no invalida las reivindicaciones de las mujeres respecto a sus derechos humanos. A fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Amnistía Internacional pide a las autoridades de la República Dominicana que reformen el Código Penal de manera que se garantice que las mujeres y las niñas no son sometidas a sanciones penales por tratar de abortar o abortar en ninguna circunstancia. En concreto, Amnistía Internacional pide al Congreso dominicano que elimine el artículo 239 propuesto, que dispone sanciones penales para las víctimas de violación, incesto y fertilización involuntaria que aborten. La reforma debe asimismo garantizar que los médicos no son penalizados únicamente por proporcionar servicios seguros de interrupción del embarazo. El gobierno dominicano debe tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que existen servicios de interrupción del embarazo seguros, legales y sin restricciones irrazonables, accesibles para todas las niñas y mujeres que los necesitan en casos de embarazo tras violacióno incesto y en circunstancias en las que continuar con el embarazo pondría en peligro su vida. Información complementaria La actual legislación (Código Penal) tipifica como delito el aborto. En agosto de 2006, el ejecutivo decidió elaborar un nuevo Código Penal y encargó al Congreso la tarea de revisar y enmendar las “incongruencias” del texto. Un año después, se formó una comisión bicameral para evaluar las revisiones del Código Penal y en julio y agosto de 2007 se celebraron sesiones públicas en las que se debatió la despenalización del aborto. El proceso de revisión sigue en marcha. El artículo 8 de la Constitución actualmente vigente sólo menciona la inviolabilidad de la vida. La actual propuesta de reforma constitucional fue presentada al Congreso por el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en octubre de 2008, y actualmente está siendo sometida a revisión parlamentaria por la Asamblea Revisora de la Constitución. La Asamblea vota artículo por artículo en primera lectura del texto, que se someterá después a una segunda lectura en la que se votarán posibles cambios. El artículo 30 del proyecto de reforma constitucional ha causado preocupación entre las organizaciones de mujeres, la profesión médica y otras organizaciones de la sociedad civil. En concreto, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología ha afirmado que el impacto de este artículo, de aprobarse, “sería catastrófico sobre la mortalidad materna”, a consecuencia de las restricciones que su interpretación impondría al sector médico. El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos utiliza un lenguaje similar el de la enmienda constitucional propuesta, y dispone que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Partes en dicha Convención cuya legislación permita el aborto y que faciliten el acceso a él en la práctica no violan con ello la Convención. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en ciertos casos, como cuando la continuación del embarazo supone un peligro para la vida de la mujer o cuando el embarazo es consecuencia de una violación, la penalización del aborto sería una violación de la obligación del Estado a proteger la vida de la mujer. Amnistía Internacional lamenta observar que la reforma propuesta del artículo 30 no sigue el enfoque de afirmación de los derechos humanos adoptado por la Corte Constitucional de Colombia en su fallo de 2006, que invalidaba la prohibición total del aborto, un planteamiento que distingue entre el derecho de la mujer y el deber del Estado de proteger la vida prenatal tal como dispone el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. |
Declaración Pública RSMLAC
El Estado dominicano transgrede los DDHH de las mujeres
22 de abril 2009
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe RSMLAC es una articulación regional de organizaciones que defienden promueven y exigen la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Desde esta perspectiva y en cumplimiento de sus principios éticos y políticos de acciónmanifestamos nuestro más enérgico rechazo ante la reciente aprobación en República Dominicana del artículo 30 de la propuesta de texto de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo. Dicho artículo establece "que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".
Esta decisión adoptada por la Asamblea Revisora a cargo del proceso hace caso omiso de la realidad de vida de las mujeres en especial las más pobres y transgrede sus derechos humanos universales entre ellos los derechos sexuales y derechos reproductivos el derecho a la saluda la vidaa la libertada la autonomía y a la integridad de sus propios cuerpos los que están consagrados en el ordenamiento jurídico internacional del cual el Estado dominicano no puede ni debe sustraerse. Y las coloca al mismo tiempo en calidad subordinada respecto de quienes toman las decisiones desde una óptica conservadora fundamentalista y en estrecha alianza con la jerarquía de la Iglesia Católica histórica interventora en estos ámbitos. La injerencia de esta jerarquía es un hecho oprobioso toda vez que insiste en la imposición de sus dogmas y códigos morales sobre una ciudadanía diversa que requiere determinaciones de política pública y legislaciones formuladas desde una perspectiva laica.
Esto, reiteramos afectará en especial a las mujeres pobreza las adolescentes y en general a todas aquellas que carecen de información y medios suficientes para acceder a abortos seguros cuando enfrentan embarazos no deseados o inesperados que no pueden llevar a término. Lo que pone de manifiesto la injusticia social que rodea al aborto clandestino y también la vergonzosa doble moral de quienes están el poder en dicho país pues en situaciones de clandestinidad las mujeres que tienen recursos siempre podrán acceder a intervenciones sin riesgo dentro del país o en otros lugares sin que recaiga sobre ellas ninguna condena social.
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por lo tanto llama urgentemente a toda su membresía a manifestar su rechazo ante este gravísimo hecho y enviar su solidaridad a las compañeras dominicanas quienes han estado trabajando articuladas en el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional con el objetivo de detener esta embestida fundamentalista de fuerzas políticas conservadoras y sectores religiosos.
La afirmación de la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad sexual y reproductiva y el control del propio cuerpo debe constituirse entonces en un principio filosófico-político que anime nuestra acción como movimiento social de mujeres así como también la afirmación de nuestra ciudadanía y condición de sujetas de derecho. La defensa del Estado laico y el rechazo a todo tipo de fundamentalismos por últimoson acciones indispensables para asegurar la dignidad la integridad y salud de las mujeres y de la población en general condiciones que hoy están siendo vulneradas por situaciones como las denunciadas.
Nirvana González Rosa-Coordinadora General, Puerto Rico
Ada Alfonso-Consejera Directiva,Cuba
Alma Odette Chacón-Consejera Directiva,Guatemala
Jeanne Henríquez-Consejera Directiva,Curaçao
María Eugenia Romero-Consejera Directiva, México
Norma Benítez-Consejera Directiva, Paraguay
Télia Negrão-Consejera Directiva, Brasil
Zaida Betancourt-Consejera Directiva, Ecuador
Aquí lo único que hay que matar es el miedo.
22 de abril 2009
Discurso de la diputada Minou Tavarez Mirabal ante la Asamblea Nacional
Señor Presidente de la Asamblea Nacional
Señor Vicepresidente de la Asamblea Nacional
Estimadas y estimados colegas asambleístas:
Parafraseando lo que alguien escribió en estos días en la prensa: aquí lo único que hay que matar es el miedo.
Y lo tenemos que hacer desde nuestra responsabilidad, teniendo muy presentes las atribuciones que hemos jurado cumplir al asumir nuestras funciones de legisladores y legisladoras.
Todos y todas llegamos aquí con nuestras historias, con distintos saberes y experiencias, con creencias religiosas o sin ellas.
Esa diversidad es una riqueza que nos enorgullece y que nos ayuda a servir mejor a quienes son nuestros mandantes: los dominicanos y las dominicanas. Ellos y ellas nos observan y exigen que las diferencias naturales que la diversidad significa sean resueltas en el marco de la tolerancia.
Quiero llamar la atención de que nadie, absolutamente nadie está aquí en representación de institución religiosa alguna y que yo sepa, ninguno de los partidos tuvo como tema de campaña el enigma de la vida que nos ocupa. Un misterio que por demás ostenta el privilegio de no haber logrado acuerdo ni en la comunidad científica, ni en la comunidad religiosa.
Apreciados colegas: ¿De verdad ustedes piensan que seremos nosotros quienes respondamos aquí y ahora, a este debate que no es nuevo, que no se limita al campo de lo religioso, ni al de la biología, y que por siglos se ha mantenido sin respuesta?.
Este importante debate científico y ético no puede solventarse imponiendo en un texto constitucional restrictivo las ideas que en un momento dado sean profesadas por un sector social.
Un proceso constituyente, no puede considerar la vida humana en abstracto, ni exclusivamente desde una perspectiva biológica restrictiva: la vida es vida en unas determinadas circunstancias familiares, comunitarias, culturales, económicas y sociales en general, y también con los complejos procesos ecológicos que hacen posible la preservación y reproducción de la vida en general, de la biosfera de la cual formamos parte indivisible.
El derecho a la vida se articula con los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social, a un ambiente sostenible, y a todos los recursos básicos necesarios para que la vida como persona y como ente social, como ciudadanos plenos de derechos y deberes, sea realidad. En este sentido, la exclusión social es uno de los peores atentados contra el derecho a la vida.
El mundo de la ciencia contemporánea no es un mundo de rigideces y verdades absolutas, sino un mundo de incertidumbres y de aperturas. No corresponde a una Constitución tomar partido y cerrar un debate que corresponde al campo de la ciencia y de la ética. Por el contrario, debe no sólo permitirlo, sino estimularlo.
Mal podríamos como Constituyentes limitar el derecho a la vida de algún ciudadano para favorecer la de otros u otras, hayan nacido o no. Nuestra responsabilidad como asambleístas es asegurar que el Estado garantice este derecho, con todas sus consecuencias, para toda la ciudadanía y que la ciencia, los recursos disponibles y los valores de cada persona, familia y comunidad puedan ser aplicados en el mejor beneficio de la ciudadanía.
Hagámonos cargo entonces de lo que somos o de lo que debemos ser: hombres y mujeres de Estado obligados a hacer leyes en el marco de la ética cívica, ésa que nos obliga a lo bueno, más allá de creencias específicas, para favorecer el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Hace unos días aprobamos que el Estado Dominicano es un Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué significa legislar en ese contexto?
Desde mi punto de vista significa que el Estado es responsable de proponer a la ciudadanía una pluralidad de opciones que le permitan a ciudadanos y ciudadanas optar de acuerdo con sus creencias, con sus valores e intereses. El Estado Social y Democrático de Derecho no impone. Por eso es democrático.
Mucho menos puede orientar conductas desde el dogma o la moral religiosa. ¿Y aquellos que no profesan religión alguna? ¿Tendrán que vivir obligados por la ley, de acuerdo con normas religiosas en las que no creen?
La vida de los creyentes debe ser orientada por sus líderes religiosos. No puede ser responsabilidad del Estado, a menos que estemos en verdad diseñando un Estado teocrático.
Mantener el art. 30 como ha sido sometido por el Poder Ejecutivo tendrá consecuencias en las acciones del Estado.
Frente a una diversidad de políticas públicas posibles en el ámbito de la salud reproductiva, la discusión que en el día de hoy tenemos se reproducirá en forma permanente y terminará impidiendo la acción pública.
Los legisladores o legisladoras que insisten en mantener sin mejorar el Artículo 30:
¿Cómo explicarán a sus representadas que si utilizan el DIU están violando la constitución?
¿Cómo comenzarán el diálogo cuando tengan que ser los paladines de la prohibición de la llamada “píldora del día después”?
¿Estamos conscientes de las serias limitaciones que este artículo tendría para los programas que buscan reducir la mortalidad materna en el país?
Y conste que hablamos de cifras alarmantes: cerca de un 30% de los embarazos en el país, terminan en abortos ilegales u otras formas de interrupción. ¿Qué seguridad tenemos de que el texto Constitucional propuesto, no estimulará las prácticas clandestinas e inseguras, al elevar a nivel Constitucional las penalidades correspondientes?
Una nueva Constitución democrática no debe limitar derechos sociales que ya están consagrados en Constituciones previas. Debe, por el contrario, tener un carácter de ampliación progresiva. Sólo ocurren retrocesos en periodos de autoritarismo extremo, en regímenes que perciben como amenazantes los derechos de la ciudadanía.
La Constitución vigente consagra el derecho a la vida, sin restricciones. Introducir calificaciones, que corresponden al campo de la ciencia y de la íntima concepción moral de cada familia y persona, constituiría un retroceso. Sería preferible mantener la redacción del actual texto constitucional, si el Estado considera que no hay condiciones para ampliar este derecho.
Estimados colegas asambleístas, en la reunión del pasado jueves, se escucharon en tono de amenaza frases como “Voten, voten, los están mirando”.
Se equivocan quienes creen que nos intimida actuar públicamente.
Actuar frente a nuestro pueblo asegurando y ampliando sus derechos es un privilegio que sólo podemos sentir quienes abrazamos la democracia como inspiración permanente.
Ese intento de chantaje sólo puede venir de los amigos de las sombras y de las recompensas, de los recién convertidos a la defensa de la vida. Nosotros, los partidos mayoritarios, en nuestras gestiones de gobierno podemos admitir haber cometido errores, pero jamás horrores.
Colegas asambleístas: “Sed justos, si queréis ser felices”
Muchas gracias.
Minou Tavárez Mirabal
Minou Tavárez: "Temo que se proponga la lapidación de las adúlteras”
Tras la derrota de su proyecto para no llevar a rango constitucional la penalización del aborto, la legisladora peledeísta insiste que la Carta Magna no puede dar una definición única de familia
Mercedes González/Clave Digital
sábado, 02 de mayo de 2009
Parto de la idea de que cualquier Constitución tiene que ser una Constitución para todos, que sintamos que es nuestra Constitución, que estamos dispuestos a defenderla, a asumirla, a cumplirla y exigir que se cumpla. Cuando digo todos, me refiero a los hombres, a las mujeres, a los ricos, a los pobres, a los que estamos en el Gobierno y a los que estamos en la oposición. A los patronos, los trabajadores… que todos sepamos que vamos a someternos a su imperio.
¿Qué relación ve entre la Constitución de 1963 y esta que se está proponiendo?
Creo que aquella Constitución respondía a un momento y a una coyuntura histórica distinta. Entiendo que fue una Constitución mucho más revolucionaria que lo que puede ser esta. Pienso que nosotros somos, como país, una sociedad muy conservadora en el discurso y liberal en el comportamiento, y eso se está viendo en el debate que estamos sosteniendo hoy.
Mercedes González/Clave Digital
sábado, 02 de mayo de 2009
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SANTO DOMINGO, República dominicana.- Esta diputada se perfila como la líder de una corriente de pensamiento progresista en el marco de las discusiones del proyecto de Reforma Constitucional. Minou Tavárez Mirabal considera que con aprobar la prohibición de cualquier tipo de aborto, la definición del matrimonio y de la familia, se estarían retrocediendo en el tiempo.
¿Qué tipo de Constitución espera que se apruebe en esta Asamblea Revisora?
¿Qué tipo de Constitución espera que se apruebe en esta Asamblea Revisora?
Parto de la idea de que cualquier Constitución tiene que ser una Constitución para todos, que sintamos que es nuestra Constitución, que estamos dispuestos a defenderla, a asumirla, a cumplirla y exigir que se cumpla. Cuando digo todos, me refiero a los hombres, a las mujeres, a los ricos, a los pobres, a los que estamos en el Gobierno y a los que estamos en la oposición. A los patronos, los trabajadores… que todos sepamos que vamos a someternos a su imperio.
¿Qué relación ve entre la Constitución de 1963 y esta que se está proponiendo?
Creo que aquella Constitución respondía a un momento y a una coyuntura histórica distinta. Entiendo que fue una Constitución mucho más revolucionaria que lo que puede ser esta. Pienso que nosotros somos, como país, una sociedad muy conservadora en el discurso y liberal en el comportamiento, y eso se está viendo en el debate que estamos sosteniendo hoy.
Creo que la Constitución del 63 tuvo un impacto mucho más marcado en la historia del país, que lo que ha sido el de esta reforma. También hay que tomar en cuenta que como la sociedad ha cambiado, los temas no resultan tan fuera de tiempo como en aquel momento. Creo que esa era y sigue siendo una Constitución más progresista que la que estamos discutiendo.
La del 63 fue precedida por un gran debate, que exigía, igual que ahora, que se realizara a través de una constituyente; incluso hay un párrafo de uno de los discursos de Manolo Tavárez Justo que exigía que se realizara a través de una Constituyente para que no respondiera a los intereses, decía él, del hombre en el poder, ni de los partidos que ocupaban el poder. Con el planteamiento de este tema, estoy obligada a recordar un aspecto histórico interesante que me toca de forma muy directa y que marca mi comportamiento en relación con todos estos temas. Mi padre no estuvo de acuerdo con la forma en la cual se discutió y aprobó la Constitución. Sin embargo, estuvo dispuesto a defenderla desde el primer momento, y luego a defender con su vida la vuelta a ese orden constitucional, y ese ejemplo histórico está a mi lado cada vez que tengo que votar.
¿Qué lección deja este debate constitucional?
Alrededor de la Reforma Constitucional, se han visto confrontadas las posiciones en una manifestación de una democracia que tenemos que ejercitar, a pesar de que hemos visto también intentos de imponer o hacer que predominen posiciones mediante métodos no tan santos, no muy democráticos. Este proceso ha dejado claro también la necesidad de buscar consenso. Hemos tenido que recoger los discursos para que se puedan recomponer algunas posiciones y revisar lo que estamos haciendo y eso ha sido, de alguna manera, motivado por la sociedad; una sociedad que espera actuaciones distintas de nosotros, que nos dice que ha cambiado.
Se le ha visto como la líder de una corriente de pensamiento liberal. ¿Tiene esta corriente algún nivel de coordinación?
Lamentablemente, ningún nivel de coordinación; debiera tenerlo. Pero entiendo que es un avance importante que se estén analizando los temas desde el punto de vista de las visiones, que quede claro lo que es un pensamiento conservador, cómo se refleja, en qué aspectos de la vida cotidiana, cuál es el concepto de familia que se tiene. Qué es la familia desde el punto de vista del pensamiento más conservador, o qué es la familia, desde el punto de vista del pensamiento liberal. El tema, por ejemplo del artículo 30. ¿Aquí qué es lo que estamos discutiendo: dar un paso hacia atrás, quedarnos dónde estamos, o dar un paso adelante en la garantía de derechos fundamentales? ¿Qué queremos: una Constitución que siga siendo papel, o una herramienta de desarrollo, de progreso para la sociedad, que nos sirva para asegurar un estado de derechos? ¿Estamos queriendo hacer una Constitución para la sociedad de hoy o estamos haciendo una Constitución para la sociedad que fuimos ayer?
¿Cuáles temas cree que alcanzarán una mayor trascendencia en la historia?
¿Qué opina sobre los artículos que definen el matrimonio y la familia?
La Constitución no puede mantener una definición de familia única que no existe en el país; el 33% de las familias dominicanas son monoparentales, de las cuales el 30.8%, de acuerdo con la Endesa de 2007, está dirigido por mujeres. La Sociedad Dominicana está constituida por gente solidaria. Tú encuentras cantidades de familias que incorporan un sobrino, o un hijo de la persona que trabaja en su casa que forman parte de la familia. Esa definición de que el fundamento legal de la familia es el matrimonio no se corresponde, y además, tiene consecuencias para la implementació n de las políticas públicas que tiene que diseñar el Estado con respecto a la familia. Me preocupa esa propuesta tan temerosa de poner de manera taxativa que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como si en este país hubiera algún peligro de superar los miedos machistas y proponer un matrimonio que no fuera entre un hombre y una mujer; ayer (el martes) se llegó más lejos, se propuso que los nacidos tales (hombre y mujer). Y esa es la manifestación de un pensamiento que tú te preguntas: ¿De qué siglo es? A veces uno hasta teme que se proponga la lapidación de las adúlteras…sólo faltaría eso.
| “Cuando se aprobó el artículo 30 pensé que le estábamos haciendo un gran daño al proyecto de Reforma Constitucional. Pensé que la estábamos hiriendo en el Corazón, porque le estábamos metiendo en su propio núcleo una fuerza conspiradora. Y sentí también mucha preocupación y tristeza pensando en los costos que puede conllevar una decisión como esa para las mujeres más pobres, que las están condenando con esa decisión; y salí sintiéndome con un gran peso encima. “Mis hijos (una hembra de 18 y un varón 15) han seguido el debate de la reforma de forma apasionada y mi hijo me esperó despierto hasta tarde esa noche, a pesar de que tenía clases, para abrazarme y decirme: “¡No importa mamá, arrancamos de nuevo!”. |
¿Qué lección deja este debate constitucional?
Alrededor de la Reforma Constitucional, se han visto confrontadas las posiciones en una manifestación de una democracia que tenemos que ejercitar, a pesar de que hemos visto también intentos de imponer o hacer que predominen posiciones mediante métodos no tan santos, no muy democráticos. Este proceso ha dejado claro también la necesidad de buscar consenso. Hemos tenido que recoger los discursos para que se puedan recomponer algunas posiciones y revisar lo que estamos haciendo y eso ha sido, de alguna manera, motivado por la sociedad; una sociedad que espera actuaciones distintas de nosotros, que nos dice que ha cambiado.
Se le ha visto como la líder de una corriente de pensamiento liberal. ¿Tiene esta corriente algún nivel de coordinación?
Lamentablemente, ningún nivel de coordinación; debiera tenerlo. Pero entiendo que es un avance importante que se estén analizando los temas desde el punto de vista de las visiones, que quede claro lo que es un pensamiento conservador, cómo se refleja, en qué aspectos de la vida cotidiana, cuál es el concepto de familia que se tiene. Qué es la familia desde el punto de vista del pensamiento más conservador, o qué es la familia, desde el punto de vista del pensamiento liberal. El tema, por ejemplo del artículo 30. ¿Aquí qué es lo que estamos discutiendo: dar un paso hacia atrás, quedarnos dónde estamos, o dar un paso adelante en la garantía de derechos fundamentales? ¿Qué queremos: una Constitución que siga siendo papel, o una herramienta de desarrollo, de progreso para la sociedad, que nos sirva para asegurar un estado de derechos? ¿Estamos queriendo hacer una Constitución para la sociedad de hoy o estamos haciendo una Constitución para la sociedad que fuimos ayer?
¿Cuáles temas cree que alcanzarán una mayor trascendencia en la historia?
Diría que la incorporación de derechos y garantías fundamentales, de principios de igualdad, de la dignidad humana, de la paz. Creo que es en la dignidad que se fundamenta y debe fundamentarse la Constitución, porque la Nación Dominicana no está en peligro, pero sí la dignidad de sus hombres y de sus mujeres. Este proyecto incorpora una nueva generación de derechos sociales, económicos y culturales. También la creación de un órgano de gobierno del Poder Judicial, la constitucionalizació n de la carrera del ministerio público, la ampliación y democratizació n del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.
¿Qué opina sobre los artículos que definen el matrimonio y la familia?
La Constitución no puede mantener una definición de familia única que no existe en el país; el 33% de las familias dominicanas son monoparentales, de las cuales el 30.8%, de acuerdo con la Endesa de 2007, está dirigido por mujeres. La Sociedad Dominicana está constituida por gente solidaria. Tú encuentras cantidades de familias que incorporan un sobrino, o un hijo de la persona que trabaja en su casa que forman parte de la familia. Esa definición de que el fundamento legal de la familia es el matrimonio no se corresponde, y además, tiene consecuencias para la implementació n de las políticas públicas que tiene que diseñar el Estado con respecto a la familia. Me preocupa esa propuesta tan temerosa de poner de manera taxativa que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como si en este país hubiera algún peligro de superar los miedos machistas y proponer un matrimonio que no fuera entre un hombre y una mujer; ayer (el martes) se llegó más lejos, se propuso que los nacidos tales (hombre y mujer). Y esa es la manifestación de un pensamiento que tú te preguntas: ¿De qué siglo es? A veces uno hasta teme que se proponga la lapidación de las adúlteras…sólo faltaría eso.
Acción en las embajadas y/o consulados dominicanos
Estimadas/os Amigas/os:
El Congreso Nacional de la República Dominicana, en funciones de Asamblea Revisora está conociendo desde hace varias semanas un controversial proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Poder Ejecutivo. El pasado martes 21 de abril, bajo presiones y amenazas de la jerarquía católica y de la derecha fue aprobado el artículo 30, el cual modifica la Constitución actual al instituir en el derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
En vista del grave retroceso que implicaría para los derechos humanos de las mujeres la puesta en vigencia del mismo, cerca de cien organizaciones de la Sociedad Civil dominicana, articuladas en la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, hemos desarrollado un amplio programa de movilizaciones que incluye una gran marcha nacional hacia el Congreso de la República el próximo miércoles 6 de mayo.
El objetivo principal de esta marcha, además del de expresar nuestro rechazo al artículo 30 es mostrar a los y las congresistas la preocupación de la ciudadanía por el sesgo conservador y la derechización del debate del proyecto de Carta Magna y solicitarles que en la segunda lectura donde, de acuerdo al reglamento de funcionamiento de la Asamblea, el artículo debe ser discutido y sometido de nuevo a aprobación, sea modificado, o de lo contrario, se mantenga la redacción de la actual Constitución.
Es ante esta grave situación que estamos solicitando de su solidaridad para que ese mismo día 6 de mayo, visiten las Embajadas de la República Dominicana en sus respectivos países y les hagan entrega de una comunicación donde expresen su preocupación por el retroceso, en materia de derechos humanos de las mujeres, que significaría mantener el articulo 30 tal como fue aprobado en primera lectura.
Les pedimos que la comunicación entregada en las Embajadas esté dirigida a:
Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna,
Presidente de la Asamblea Revisora , Senador Reynaldo Pared Pérez
Vice-Presidente de la Asamblea Revisora , Diputado Julio César Valentín.
sábado, 2 de mayo de 2009
viernes, 1 de mayo de 2009
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