Aquí lo único que hay que matar es el miedo.

22 de abril 2009

Discurso de la diputada Minou Tavarez Mirabal ante la Asamblea Nacional

Señor Presidente de la Asamblea Nacional
Señor Vicepresidente de la Asamblea Nacional
Estimadas y estimados colegas asambleístas:

Parafraseando lo que alguien escribió en estos días en la prensa: aquí lo único que hay que matar es el miedo.

Y lo tenemos que hacer desde nuestra responsabilidad, teniendo muy presentes las atribuciones que hemos jurado cumplir al asumir nuestras funciones de legisladores y legisladoras.

Todos y todas llegamos aquí con nuestras historias, con distintos saberes y experiencias, con creencias religiosas o sin ellas.

Esa diversidad es una riqueza que nos enorgullece y que nos ayuda a servir mejor a quienes son nuestros mandantes: los dominicanos y las dominicanas. Ellos y ellas nos observan y exigen que las diferencias naturales que la diversidad significa sean resueltas en el marco de la tolerancia.

Quiero llamar la atención de que nadie, absolutamente nadie está aquí en representación de institución religiosa alguna y que yo sepa, ninguno de los partidos tuvo como tema de campaña el enigma de la vida que nos ocupa. Un misterio que por demás ostenta el privilegio de no haber logrado acuerdo ni en la comunidad científica, ni en la comunidad religiosa.

Apreciados colegas: ¿De verdad ustedes piensan que seremos nosotros quienes respondamos aquí y ahora, a este debate que no es nuevo, que no se limita al campo de lo religioso, ni al de la biología, y que por siglos se ha mantenido sin respuesta?.

Este importante debate científico y ético no puede solventarse imponiendo en un texto constitucional restrictivo las ideas que en un momento dado sean profesadas por un sector social.

Un proceso constituyente, no puede considerar la vida humana en abstracto, ni exclusivamente desde una perspectiva biológica restrictiva: la vida es vida en unas determinadas circunstancias familiares, comunitarias, culturales, económicas y sociales en general, y también con los complejos procesos ecológicos que hacen posible la preservación y reproducción de la vida en general, de la biosfera de la cual formamos parte indivisible.

El derecho a la vida se articula con los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la seguridad social, a un ambiente sostenible, y a todos los recursos básicos necesarios para que la vida como persona y como ente social, como ciudadanos plenos de derechos y deberes, sea realidad. En este sentido, la exclusión social es uno de los peores atentados contra el derecho a la vida.

El mundo de la ciencia contemporánea no es un mundo de rigideces y verdades absolutas, sino un mundo de incertidumbres y de aperturas. No corresponde a una Constitución tomar partido y cerrar un debate que corresponde al campo de la ciencia y de la ética. Por el contrario, debe no sólo permitirlo, sino estimularlo.

Mal podríamos como Constituyentes limitar el derecho a la vida de algún ciudadano para favorecer la de otros u otras, hayan nacido o no. Nuestra responsabilidad como asambleístas es asegurar que el Estado garantice este derecho, con todas sus consecuencias, para toda la ciudadanía y que la ciencia, los recursos disponibles y los valores de cada persona, familia y comunidad puedan ser aplicados en el mejor beneficio de la ciudadanía.

Hagámonos cargo entonces de lo que somos o de lo que debemos ser: hombres y mujeres de Estado obligados a hacer leyes en el marco de la ética cívica, ésa que nos obliga a lo bueno, más allá de creencias específicas, para favorecer el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Hace unos días aprobamos que el Estado Dominicano es un Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué significa legislar en ese contexto?

Desde mi punto de vista significa que el Estado es responsable de proponer a la ciudadanía una pluralidad de opciones que le permitan a ciudadanos y ciudadanas optar de acuerdo con sus creencias, con sus valores e intereses. El Estado Social y Democrático de Derecho no impone. Por eso es democrático.

Mucho menos puede orientar conductas desde el dogma o la moral religiosa. ¿Y aquellos que no profesan religión alguna? ¿Tendrán que vivir obligados por la ley, de acuerdo con normas religiosas en las que no creen?

La vida de los creyentes debe ser orientada por sus líderes religiosos. No puede ser responsabilidad del Estado, a menos que estemos en verdad diseñando un Estado teocrático.
Mantener el art. 30 como ha sido sometido por el Poder Ejecutivo tendrá consecuencias en las acciones del Estado.

Frente a una diversidad de políticas públicas posibles en el ámbito de la salud reproductiva, la discusión que en el día de hoy tenemos se reproducirá en forma permanente y terminará impidiendo la acción pública.

Los legisladores o legisladoras que insisten en mantener sin mejorar el Artículo 30:

¿Cómo explicarán a sus representadas que si utilizan el DIU están violando la constitución?

¿Cómo comenzarán el diálogo cuando tengan que ser los paladines de la prohibición de la llamada “píldora del día después”?

¿Estamos conscientes de las serias limitaciones que este artículo tendría para los programas que buscan reducir la mortalidad materna en el país?

Y conste que hablamos de cifras alarmantes: cerca de un 30% de los embarazos en el país, terminan en abortos ilegales u otras formas de interrupción. ¿Qué seguridad tenemos de que el texto Constitucional propuesto, no estimulará las prácticas clandestinas e inseguras, al elevar a nivel Constitucional las penalidades correspondientes?

Una nueva Constitución democrática no debe limitar derechos sociales que ya están consagrados en Constituciones previas. Debe, por el contrario, tener un carácter de ampliación progresiva. Sólo ocurren retrocesos en periodos de autoritarismo extremo, en regímenes que perciben como amenazantes los derechos de la ciudadanía.

La Constitución vigente consagra el derecho a la vida, sin restricciones. Introducir calificaciones, que corresponden al campo de la ciencia y de la íntima concepción moral de cada familia y persona, constituiría un retroceso. Sería preferible mantener la redacción del actual texto constitucional, si el Estado considera que no hay condiciones para ampliar este derecho.

Estimados colegas asambleístas, en la reunión del pasado jueves, se escucharon en tono de amenaza frases como “Voten, voten, los están mirando”.

Se equivocan quienes creen que nos intimida actuar públicamente.

Actuar frente a nuestro pueblo asegurando y ampliando sus derechos es un privilegio que sólo podemos sentir quienes abrazamos la democracia como inspiración permanente.
Ese intento de chantaje sólo puede venir de los amigos de las sombras y de las recompensas, de los recién convertidos a la defensa de la vida. Nosotros, los partidos mayoritarios, en nuestras gestiones de gobierno podemos admitir haber cometido errores, pero jamás horrores.

Colegas asambleístas: “Sed justos, si queréis ser felices”
Muchas gracias.
Minou Tavárez Mirabal