DECLARACIÓN ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

ACCION CIUDADANA
POR UNA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA


DECLARACIÓN ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL


Las organizaciones presentes: Foro Ciudadano, Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Red de Organizaciones de la Economía Solidaria, Red Dominicana de Culturas Locales, Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental, Participación Ciudadana y Centro Bonó, hemos visto la necesidad de consolidar opiniones, definir prioridades y consensuar estrategias ante la inminente reforma constitucional que cursa actualmente en el Congreso de la República.

Durante años en nuestras organizaciones hemos venido impulsando procesos de debate y análisis sobre la necesidad de un texto constitucional que tenga como ejes fundamentales el reconocimiento de la dignidad de las personas y de los derechos de ciudadanía.

Nos sentimos altamente preocupados y preocupadas por la incapacidad demostrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo del sistema político dominicano, de no reconocer la Asamblea Constituyente como el mecanismo idóneo para la elaboración de una nueva Constitución, desconociendo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la elaboración, discusión y aprobación del documento más importante de una nación, por lo que reconocemos el derecho y la importancia de los recursos legales y de amparo que han emprendido varios juristas en contra de la Ley de Convocatoria y cualquier otra iniciativa que puedan implementar instituciones y ciudadanos y ciudadanas para el logro de una reforma transparente y participativa. Por eso nos preparamos para participar en el proceso convocado, sea en la forma actual o por medio de una Constituyente.

El momento histórico que vive nuestro país reclama una Carta Magna concebida desde las nuevas realidades sociales, políticas y económicas; exige nuevas y más amplias formas de participación social, con diferentes mecanismos y mayores alcances del derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que impactan sus vidas. Esto incluye la definición de los principios que nos definen como nación, de las obligaciones del Estado y los límites de los poderes públicos, así como el control ciudadano sobre los mismos. Es decir pasar de una democracia representativa a una democracia participativa.

Este reto implica también ampliar el reconocimiento del catálogo de derechos humanos, de garantías para el ejercicio de esos derechos, el reconocimiento de formas de propiedad y participación colectiva o asociativa en el régimen económico, de mecanismos de rendición de cuentas y de control ciudadano al desempeño de las funciones públicas, en particular a las históricamente asignadas al Poder Ejecutivo.

Un nuevo texto constitucional debe tomar en cuenta las diferencias que por razones culturales, económicas o sociales ubican a segmentos poblacionales en situación de discriminación, desventaja y vulneración de sus derechos.

Estamos conscientes de que la redacción y aprobación de un marco jurídico de amplio reconocimiento de derechos no significa el automático disfrute de los mismos, se trata del impulso de un proceso en dos vías en el que la consagración de estos en las leyes promueva su real y efectivo ejercicio.

Todo lo anterior nos lleva a formular y presentarles las propuestas centrales que hemos venido trabajando las distintas organizaciones e instancias que participamos en este espacio con el objetivo de lograr que nuestras membresías tengan el mayor nivel de apropiación y conciencia del interés nacional sobre las necesarias transformaciones que en el orden jurídico demanda el momento actual.

Estas propuestas están referidas a los principios constitucionales, garantías y derechos fundamentales, las atribuciones y limites de las funciones de los poderes públicos, régimen económico, ordenamiento territorial y del carácter constitucional que debe tener la participación social.

Con este propósito nuestras organizaciones hemos trabajado y formulado modificaciones a todo el texto de la propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo por razones de consenso hemos priorizado propuestas de todas las organizaciones aquí representadas para que nuestras membresías puedan apreciar el resultado final del proceso de reforma en base a la inclusión o no de esas reformas, las cuales han sido estructuradas en el siguiente Pliego de Propuestas:

1. El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No deben establecerse limitaciones discriminatorias, que tengan por objeto o resultados el menoscabo de su goce y ejercicio. Ejemplo: reconocer el derecho a la educación para todos y todas independientemente de su estatus legal o migratorio, la obligación estatal de la educación gratuita, los derechos de los consumidores, y los derechos sociales y políticos de los extranjeros residentes en el país, etc.
2. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la vida, promoverá su protección y disfrute con la más alta dignidad. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
3. El Estado reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho al ejercicio libre, consciente y plenamente autónomo de su sexualidad, con el solo límite de los derechos fundamentales de las otras personas y a decidir sobre su capacidad reproductiva, libres de discriminación, coerción o violencia.
4. Estado laico. Consiste básicamente en la separación Estado-Iglesia. Esto implica la autonomía del poder político de las distintas opciones espirituales y religiosas, y la ausencia de influencia de las religiones en el Estado o el reconocimiento para ellas de poder político. El objetivo de la laicidad es la igualdad entre todas las opciones religiosas y la libertad personal. El Estado debe garantizar el derecho a la libertad de conciencia y de culto.
5. El Estado reconoce los Derechos Políticos más allá del ejercicio del sufragio, a través de otros mecanismos de participación política, como la utilización del referéndum aprobatorio para ratificar leyes y políticas fundamentales.
6. La revocatoria del mandato. Los ciudadanos/as tendrán derecho a la revocatoria del mandato otorgado a quienes ocupan cargos electos popularmente, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de sus funciones, plan de trabajo o programa de gobierno.
7. Fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes y de la descentralización del Estado, como garantía para una separación real de los Poderes.
8. Conservación del Sistema Mixto para la adquisición de la nacionalidad dominicana, según el criterio de la Jurisprudencia Internacional, que establece que el derecho a la nacionalidad es el vínculo legal que tiene como base el reconocimiento del hecho natural del nacimiento y que considera inadmisible que el estatus de los padres sea transmitido a los hijos e hijas.
9. Prohibir la reelección presidencial consecutiva.
10. Mantener las elecciones congresionales y municipales separadas de las presidenciales en lapso de dos años, como forma de reducir el peso del presidencialismo y sostener la independencia de los poderes legislativo y municipal.
11. Instituir el referendo aprobatorio para la ratificación de la nueva Constitución en proceso.
12. Instituir la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma integral de la Constitución, y contemplar la Asamblea Revisora sólo para aspectos parciales, los cuales no incluyen la definición del Estado social, democrático, participativo y de derechos, el catálogo de derechos humanos, derecho, deberes y garantía de los ciudadanos/as, ordenamiento territorial, poderes del Estado, referéndum y revocación de mandato.
13. Integrar el reconocimiento a la economía solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo nacional, incluyendo el deber estatal de promover y asegurar políticas de comercio justo, con un enfoque de equidad social, de género y ecológico.
14. Establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de propiedad privada y estatal.
15. Reducir el amplio poder discrecional del Poder Ejecutivo. Por ejemplo: facultad ilimitada para nombrar viceministros, facultad de derogar arbitrios municipales o para realizar transferencias de partidas presupuestarias durante el receso del Congreso Nacional.

La inclusión de este conjunto de reformas será fundamental en nuestra apreciación final del proceso y de la Constitución resultante, por lo que invitamos a todos los sectores sociales que los compartan a sumarse a nuestra coalición, y expresamos nuestra decisión de acudir con este pliego ante todos los sectores políticos y sociales para crear el consenso suficiente para su inclusión y aprobación.

Centro Bonó
Foro Ciudadano
Participación Ciudadana
Red Dominicana de Culturas Locales
Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional
Red de Organizaciones de la Economía Solidaria
Coordinadora de Organizaciones de la Región Oriental